Doctrina- Manuales de actuaciones mínimas

APRUEBA MANUAL DE ACTUACIONES MÍNIMAS PARA LA DEFENSA PENITENCIARIA Y DEROGA NORMAS QUE INDICA

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Resolución Exenta No-     · ·

Santiago,      2 9 MAY 2017

VISTOS:

1. Lo establecido en el artículo r de la Ley No 19.718, que crea la Defensoría

Penal Pública;

2. Lo dispuesto en la Ley No 18.675, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

3. Lo establecido en el D.F.L. No 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo;

4. La Resolución Exenta No 3.389 de 201O que deja sin efecto Resolución Exenta No 1.307 de 2006 y aprueba nuevos estándares básicos para el ejercicio de la defensa penal pública, modificada por Resolución Exenta No 3.903 de 2012;

5.  El Oficio No 658 de 2013 de la Defensoría Nacional, que determina contenido mínimo de carpetas;

6. La Resolución Exenta No 2.907 de 201O, que establece el Código Deontológico del defensor penal público;

7. Lo dispuesto en el título VIII del Libro IV, del Código Procesal Penal, sobre "ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad", artículos 466 y siguientes;

8. - El oficio Gob. Pres. Número 2384, de fecha 22 de diciembre de 2014, de la Presidenta de la República, en que comunica el nombramiento de don Andrés Mahnke M. como Defensor Nacional;

9.-  El Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N°14, de fecha 8 de enero de

2015, que nombra al suscrito como Defensor Nacional;

10.- La Resolución No 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón;

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Fono 2439 68 00

CONSIDERANDO:

1o  Que la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 3, inciso 1°, asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y en su inciso 6° consagra el derecho al debido proceso;

2° Que asimismo la Constitución, en su art. 5° inciso 2°, establece como límites al ejercicio de la soberanía los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se encuentren reconocidos en tratados internaciones ratificados por Chile. Por ende, los diversos aspectos del debido proceso que se encuentran consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile se constituyen como límites a la facultad punitiva del Estado;

3° Que el artículo 2° de la Ley No 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública (en adelante D.P.P), establece que ésta tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes en su caso y que carezcan de abogado;

4° Que a su vez, los artículos 8 y 102 del Código Procesal Penal (CPP) señalan que desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, la persona tiene derecho a ser defendida por un letrado, y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare. El imputado tiene derecho a designar un defensor de confianza, y si no lo tiene, el juez lo hará de conformidad a la Ley.

5° Que el artículo 7° letra d) de la Ley N° 19.718, establece que corresponderá al Defensor Nacional fijar, con carácter general, los estándares básicos que deben cumplir en el procedimiento penal quienes presten servicios de defensa penal pública;

6° Que son prestadores del servicio de defensa penal pública los defensores penales públicos, entendiéndose por tales, los defensores locales, licitados, reemplazos de licitados, y contratados en forma directa mediante convenio, los defensores  juveniles,  penitenciarios,  y  todo   aquel  abogado  al  que  se   le encomiende por la D.P.P. ejercer labores de defensa;

7° Que la finalidad de los estándares de defensa penal pública es garantizar una defensa penal de calidad, a través de su correcta aplicación por los defensores penales públicos, lo que a su vez debe evaluarse mediante los mecanismos de control contemplados en la ley , reglamentos e instrumentos definidos por la D.P.P.;

8° Que la calidad de la defensa penal garantizada mediante los referidos estándares dice relación con un conjunto de acciones, judiciales y extrajudiciales que el defensor penal público debe realizar durante todas las etapas de la persecución penal dirigida en contra del imputado, todas ellas destinadas a resguardar sus derechos e intereses;

9° Que en el resuelvo primero de la Resolución Exenta No 3.389, de 201O, de la Defensoría Nacional, se hace presente que resultaría adecuado dictar en su momento aquella normativa institucional interna que permitiera precisar el contenido y alcance de los estándares de defensa contenidos en dicho acto administrativo, vinculante para todos los prestadores de defensa penal pública;

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1oo Que, consecuente con lo expuesto precedentemente, las actuaciones mínimas que  se  aprueban  mediante  la  presente  resolución  constituyen  la  forma  de concretar cada uno de los estándares generales de defensa, por lo que sus contenidos deben entenderse como parte integrante de dichos estándares. En consecuencia, cualquier infracción a las presentes actuaciones mínimas se considerará infracción a los estándares de defensa técnica. Del mismo modo, frente a cualquier aspecto dudoso, la interpretación de las presentes actuaciones mínimas se efectuará de la manera que sea más acorde con los mencionados estándares.

11° Que, el artículo 80 del Código Penal establece que las penas se ejecutan  de la forma prescrita por la ley, y que se observará también lo que dicten los reglamentos para el gobierno de los establecimientos en que deben cumplirse las penas, acerca de los castigos disciplinarios, y otras materias relacionadas con el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

RESUELVO:

PRIMERO: Establézcase  el siguiente manual de actuaciones mínimasl11 para defensores penales públicos penitenciarios:

MANUAL DE ACTUACIONES MÍNIMAS EN DEFENSA PENAL PENITENCIARIA

Presentación.

La   Defensoría   Penal   Pública   ha   trabajado   desde   el   año   2011   en   la implementación, consolidación y perfeccionamiento de la especialización en sus servicios de defensa para condenados adultos privados de libertad. En este contexto y con la finalidad de especificar los estándares de la defensa penal pública en esta materia, se presenta este Manual de Actuaciones Mínimas en Defensa Penitenciaria.

El sistema de ejecución penal presenta ciertas particularidades que tienen su origen tanto en la ausencia de un ordenamiento sistemático de normas jurídicas especiales, como en la ausencia de un "procedimiento" de ejecución, en el que se regule la manera en que los condenados privados de libertad pueden ejercer sus derechos. Todo ello desarrollado en una realidad social, criminológica y cultural específica que son seleccionados por el sistema penal, como en consideraciones criminológicas y de política criminal. Lo anterior se traduce en que el defensor penitenciario, debe contar con conocimientos y habilidades diversas a las de un defensor de la defensa general, como el manejo en derecho administrativo, criminología, relaciones con usuarios vulnerables, etc.

Por tal motivo, estas Actuaciones Mínimas se refieren a las tareas que deben desarrollar los Defensores Penitenciarios, que son diversas a las de la defensa general, así como al mínimo esperado de un defensor en dichas actuaciones.

[11            La necesidad de establecer las actuaciones mínimas referidas, en un texto claro y de simple lectura, explica la omisión de toda referencia diferenciada a las defensoras e imputadas, como sería adecuado en una redacción que cumple con el necesario enfoque de género. Por ello, esta simplificación  debe ser entendida sólo como una exigencia de estilo, impuesta por la naturaleza del documento.

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Capítulo 1

Actuaciones mínimas de la defensa penitenciaria

1) SOLICITUD DE ATENCIÓN

Definición: la solicitud de atención es una petición formulada por el beneficiario, su familia, otra autoridad, referida a la tramitación a la tramitación de un requerimiento penitenciario.

Atendido que los usuarios del Programa de Defensa Penitenciaria son personas condenadas  que  cumplen  una  pena  privativa  de  libertad,  las  solicitudes  de atención de defensa penitenciaria pueden provenir de diversas fuentes, estas son:

i)   del propio condenado,

ii)  de los Tribunales de Justicia, iii) INDH,

iv) de defensor de imputados, v)  de Gendarmería,

vi) Jefe de Estudios Regional o Coordinador Regional Penitenciario,

vii) de otra Defensoría Regional, viii)      de familiares y

ix) en general de cualquier otra autoridad, persona o institución que, por sus funciones, acceda al requerimiento de atención del sentenciado.

En   la primera de estas hipótesis, corresponde al propio equipo de defensa penitenciaria que realiza la entrevista, ingresar dicha solicitud al sistema a la brevedad posible.

En los demás casos, recibida una solicitud de atención escrita de defensa penitenciaria, la oficina respectiva deberá ingresar el requerimiento al sistema informático SIGDP Penitenciario dentro de las 24 horas siguientes a la citada recepción. Se debe conservar el oficio, carta o documento que contienen la solicitud en la carpeta penitenciaria.

En el caso que la solicitud de atención sea efectuada por familiares del sentenciado o terceros que transmiten su solicitud; la respectiva Oficina de Defensa Penitenciaria entregará un comprobante de atención que consigne claramente la fecha de la atención y los datos personales del sentenciado que requiere asesoría penitenciaria. En cuanto sea pertinente de conformidad a la Ley No 19.880, y no se oponga al secreto profesional, se le informará a terceros el resultado de la gestión.

En cualquiera de estos casos, el Coordinador Regional o a quien la Defensoría Regional designe, estará facultado para ingresar las solicitudes de atención en el sistema de registro. En este caso, el sistema derivará la solicitud a la empresa de licitación respectiva de manera automática, comenzando a correr el plazo para la realización de la primera entrevista.

En este caso, el funcionario de la Defensoría Regional que ingresa la solicitud, deberá igualmente entregar el comprobante de atención al familiar, en su caso.

La asignación a alguno de los defensores penitenciarios de la respectiva oficina se realizará por el coordinador de la empresa o el coordinador regional, según lo determine cada Defensoría Regional, conforme a los criterios de derivación previamente establecidos al efecto. El Coordinador Regional también se podrá asignar causas para su tramitación.

2) PRIMERA ENTREVISTA

a) Responsable: La primera entrevista al sentenciado estará a cargo del defensor penitenciario asignado a la tramitación del requerimiento, quien será responsable de la realización de la entrevista dentro del plazo establecido en este capítulo, y de llenar los documentos necesarios para una adecuada defensa, estos son: Ficha de primera entrevista y autorización de acceso a datos personales que disponga Gendarmería. El defensor podrá, dependiendo de la naturaleza del requerimiento y  según se encuentre definido en el "perfil del o la asistente social", realizar la primera entrevista  junto al Trabajador Social respectivo.

En casos urgentes, y considerando la materia de la solicitud, la primera entrevista podrá ser realizada por el trabajador social, previa autorización del Coordinador Regional, otorgada por el medio más rápido.

b) Oportunidad. El defensor penitenciario deberá entrevistarse con el usuario dentro de un plazo de 20 días1 contados desde que se ingresa la solicitud al sistema informático SIGDP Penitenciario.  El plazo de 20 días no se aplicará a los requerimientos que tienen previsto un plazo distinto para la realización de la primera entrevista.

En los casos en que la solicitud haya sido presentada por el propio condenado, y el defensor ha podido entrevistarlo, se realizará la primera entrevista inmediatamente.

e) Entrevista de calidad. El defensor penitenciario asignado deberá concurrir al Centro de Cumplimiento Penal en el que se encuentra cumpliendo condena el sentenciado y realizar una entrevista de calidad, esto es, aquella que le permita obtener la mayor cantidad de antecedentes que sean indispensables para atender su requerimiento utilizando un lenguaje simple y comprensivo para el usuario.

Asimismo, durante la entrevista el defensor debe explorar la situación penitenciaria del condenado en general, y para el caso que el defensor penitenciario perciba la existencia de algún derecho conculcado o un beneficio al que pudiera postular, se lo hará ver al privado de libertad para efectos de ingresar otro requerimiento.

d) Contenido. En la primera entrevista se deberá tomar nota de los antecedentes personales   (individualización,  educación,  trabajo  y  familia),  de  conducta  y judiciales del solicitante, que sean pertinentes a su petición. Para ello se debe utilizar  y  completar  la  "ficha  de  primera  entrevista"  aprobada  mediante  la instrucción que regule la materia. Además, se solicitará al usuario la autorización para acceder a la información personal necesaria para la tramitación del requerimiento, que se encuentre en poder de Gendarmería u otro servicio.

e) Requerimientos. En la ficha de primera entrevista se dejará constancia de todos los requerimientos que formule el usuario. Cada entrevista dará lugar a un ID  de   causa   en   el   SIGDP   penitenciario,  el   cual   puede contener  varios requerimientos.

1Todos los plazos de días establecidos en este Manual, son de días corridos, a menos que se indique otra cosa.

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Se entiende por requerimiento aquellas cuestiones concretas que demandan los internos y que se traducen en solicitudes que realiza el programa de defensa penitenciaria directamente ante la autoridad administrativa (Gendarmería de Chile, Comisiones  de  libertad  condicional  o  de  reducción  de  condena,  Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia, etc.) o ante la autoridad judicial (Juez de Garantía, Tribunal Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema).

Una persona condenada puede hacer varios requerimientos que se tramitan a la vez, siendo el requerimiento un verdadero equivalente a causa imputado en la defensa penitenciaria. Asimismo, un requerimiento puede dar lugar a diversas gestiones tanto administrativas como judiciales.

Si durante la tramitación de un requerimiento el usuario fórmula uno nuevo, sea por propia iniciativa o a instancias del defensor, éste dará lugar a una nueva ficha de primera entrevista y a un nuevo registro del SIGDP penitenciario.

f) Visita no efectiva: Si no es posible realizar la primera entrevista dentro de plazo por  razones ajenas  al defensor, se  deberá dejar  constancia en la  respectiva planilla de visita, la que deberá estar timbrada por Gendarmería, así como en el sistema informático, indicando las razones que impidieron materializar la entrevista (recluso en visita, en escuela, en talleres u otros motivos). En los casos de rechazos voluntarios del sentenciado, es decir, cuando el condenado privado de libertad rechaza la entrevista, el defensor dejará constancia de ello señalando la fecha respectiva, debiendo el privado de libertad firmar tal constancia y, además, debiendo contar el documento con la firma y/o timbre del funcionario encargado. Si esto no es posible, luego de la segunda visita no efectiva el defensor deberá solicitar judicialmente que se  le permita la entrevista con el usuario.

No constituirá justificación para la no realización de la primera entrevista, la circunstancia que el privado de libertad se encuentre en celda de castigo, aislado o  se  encuentre en  riesgo su  integridad física  o psíquica. En  estos casos  el defensor debe adoptar todas las medidas para que la visita se materialice de manera efectiva, dependiendo de las circunstancias.

g) Privacidad. La entrevista deberá realizarse de forma tal que se asegure la privacidad  y   confidencialidad  de   la   misma.   No  deberán   estar  presentes funcionarios de Gendarmería al momento de realizarla.

3) VISITA DE CÁRCEL

a) Periodicidad. El defensor penitenciario responsable deberá visitar a los condenados privados de libertad con requerimiento vigente, a lo menos una vez al mes  mientras  se  encuentre  en  tramitación  el  requerimiento  existente  a  su respecto. Eventualmente, esta visita   podrá realizarla el o la asistente social, previa autorización del Coordinador Regional Penitenciario respectivo, la que se podrá otorgar vía correo electrónico.

En caso de que se dicte una resolución administrativa o judicial que pudiera ser objeto de impugnación, la visita de cárcel debe realizarse antes del vencimiento del plazo de impugnación y precisamente para conocer la solicitud o voluntad del usuario.

b) Registro. Cada visita de cárcel se registrará en una planilla en que debe constar fecha de su realización, establecimiento penitenciario, individualización del condenado  y  su  firma  si  es  que  compareciere  al  llamado.  En  caso  de  no

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comparecer  se  deben  indicar  los  motivos  que  determinan aquello.  La  citada planilla debe ser timbrada por el funcionario de Gendarmería que corresponda.

La visita de cárcel debe registrarse oportunamente en el SIGDP Penitenciario, consignándose en las observaciones la información proporcionada o el motivo que determinó que la visita no fuera efectiva.

e) Delegación. La realización de la visita mensual puede delegarse en otro defensor penitenciario o  asistente social en casos  excepcionales y  fundados, previa autorización del coordinador regional respectivo, de la que debe existir constancia, acompañando minuta con la información que debe requerirse y proporcionarse al recluso.

En la planilla de visita debe dejarse constancia de que se trata de una visita delegada y que se cumplió con las instrucciones del delegante.

d) Visita frustrada. En este caso, el defensor deberá generar una nueva visita a más tardar dentro de la quincena siguiente al día en que se intentó la visita, sea dentro o fuera del mes.

En caso que la segunda visita tampoco pueda verificarse, el defensor deberá realizar las gestiones pertinentes; tales como, entrevista con el Jefe Interno o de la Unidad,  interponer  una  cautela  de  garantía,  amparo  constitucional  ante  la autoridad penitenciaria o judicial que le permitan entrevistarse con el usuario.

4) REQUERIMIENTOS PENITENCIARIOS.

Los requerimientos son aquellas cuestiones concretas que demandan los internos y que se traducen en solicitudes que realiza el programa de defensa penitenciaria directamente ante la autoridad administrativa (Gendarmería de Chile, Comisiones de libertad condicional o de reducción de condena, Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia, etc.) o ante la autoridad judicial (Juez de Garantía, Tribunal Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema).

Los requerimientos pueden ser: Solicitud salida esporádica, solicitud salida fin de semana, solicitud salida dominical, solicitud salida diaria, solicitud visita extraordinaria Art. 50 RP, solicitud visita íntima Art. 51, solicitud participación acciones resocializadoras, solicitud libertad condicional, solicitud rebaja condena, solicitud unificación de penas Art. 164 COT, solicitud indulto, solicitud traslado unidad penal, solicitud traslado módulo, solicitud Art. 19 RP, solicitud declaración enajenación mental Art. 482 CPP, solicitud pago parcialidades multa Art. 70 inc.2

CP, Solicitud sustitución multa Art. 49 CP, solicitud restitución especies retenidas Art. 470 CPP, reclamación calificación de conducta, acción/recurso de revisión, solicitud de atención médica, solicitud traslado internacional, impugnación de traslado, solicitud abono prisión preventiva, solicitud pena mixta (L. 20.603), otro requerimiento administrativo, otro requerimiento judicial.

5) ACCIONES GENERALES PRELIMINARES.

Dentro de lo posible, las funciones y obligaciones establecidas en este Manual se desarrollarán por todo el equipo penitenciario, conformado por él, la o los defensores penitenciarios, trabajadores sociales y asistente administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad por el cumplimiento de las actuaciones mínimas recae siempre sobre el defensor penitenciario.

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Sin defensa no hoy Justicia

Como  parte de  su  labor penitenciaria, cada  equipo de  defensa penitenciaria, previo a la tramitación de cualquier solicitud y de forma permanente, deberá mantener  información  actualizada  de  la  situación  carcelaria  de  los establecimientos incluidos en su zona de licitación.

En especial, deberán:

a) En relación al  régimen de visitas:

1. Conocer el régimen de visitas de los recintos penitenciarios en que se desempeñe. Esto abarca conocer el o los días de visita, su horario, si existe segmentación de visitas por módulos, colectivos, galerías u otras secciones del o los establecimientos. En su caso, deberá tener conocimiento acerca de si el ingreso de familiares y amigos requiere de empadronamiento o registro previo y los requisitos para ello.

2. Conocer las restricciones, prohibiciones y exclusiones relativas al ingreso de personas y elementos al o a los respectivos recintos penales, examinando la legalidad de dichas restricciones.

3. En caso de existir instructivos o reglamentación específica, el defensor deberá contar con ella, en un archivo que será mantenido en la oficina donde funcione la licitación.

4. Entregar esta información a familiares que así lo soliciten en sus oficinas y a aquellas personas que no hayan realizado visitas anteriormente o lo hayan dejado de hacer por un tiempo prolongado.

b) En relación con las acciones resocializadoras:

1. Conocerán y llevarán un registro actualizado de la oferta de planes y programas de acciones resocializadoras existentes en el o los recintos penales en que se desempeña, entendiendo que ello comprende, entre otras:

- Número de establecimientos educacionales que funcionan al interior del recinto penal, número de plazas o vacantes y cobertura educacional (básica, media, enseñanza técnica).

- Factibilidad de realizar estudios superiores, técnicos o profesionales, modalidad (presencial interior o exterior del recinto penal, modalidad e-learning, etc.). Requisitos o presupuestos generales de ingreso o postulación.

- Programas, cursos o talleres temáticos al interior del recinto (cerrajería, carpintería, mueblería, electricidad, etc.). Cantidad de cupos o vacantes, requisitos de ingreso o postulación.

- Fuentes de trabajo remunerado existentes al interior del o los recintos penales (empresarios privados, empresas del Estado, contratación de mano de obra por GENCHI). Cantidad de cupos o vacantes, requisitos de ingreso o postulación.

- Talleres y cupos de actividades laborales auto gestionadas para reclusos. Cantidad de cupos o vacantes, requisitos de ingreso o postulación.

- Existencia de CET (Centros de Estudio y Trabajo) que funcionen al interior del o los respectivos establecimientos penitenciarios. Cantidad de cupos o vacantes, requisitos de ingreso o postulación.

- Talleres o agrupaciones artísticas y culturales. Cantidad de cupos o vacantes, requisitos de ingreso o postulación.

- Existencia de biblioteca, forma de acceso por usuarios reclusos.

- Actividad deportiva. Regulación por el respectivo establecimiento.

e) En relación con los requerimientos de salud:

Deberán conocer y mantener actualizada la información sobre la existencia de hospital penitenciario o enfermería al interior del o los recintos penales en que se desempeñe, la cantidad de profesionales y técnicos que se laboren en el mismo, la extensión horaria de sus contratos de prestación, la cantidad de plazas y las coberturas de atención de salud mental, dental y síquica del mismo.

d) En relación con los permisos de salida.

1. El defensor penitenciario debe conocer las fechas o periodicidad en que funciona  el  Consejo  Técnico  en  cada  uno  de  los  recintos  penales  en  que desarrolla su prestación. Si existen instructivos o reglamentos internos, el defensor procurará disponer de copia de ellos en un archivo físico en la oficina.

2.  En  casos  en  que  la  Defensoría  Regional  gestione  la  integración  de  la Defensoría Penal Pública al Consejo Técnico, la participación corresponderá al defensor penitenciario o a  la asistente social que  forme parte del  equipo de defensa penitenciaria.

3. El defensor penitenciario debe conocer el mecanismo o protocolo vigente para presentar solicitudes de salida al medio libre que se utiliza en cada recinto penal en que se desempeña.

Capítulo 11

Actuaciones relativas a los requerimientos penitenciarios

1.  Reglas comunes a todo requerimiento penitenciario:

a) Información y deber de agilizar las tramitaciones. En cada etapa el defensor penitenciario debe velar porque la respuesta se produzca en el menor tiempo posible, evitando dilaciones administrativas innecesarias.

Con todo, la etapa de análisis previo o estudio no será mayor a 45 días y en caso que el defensor estime procedente la realización de gestiones judiciales o administrativas, estas deben presentarse, a más tardar, dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Si en algunas de las etapas de la gestión en trámite el defensor penitenciario obtiene el otorgamiento de lo solicitado, consultará al requirente sobre la forma como ello ha aplicado, ejecutado o cumplido; debiendo dejar constancia de dicha entrevista.

El equipo penitenciario deberá mantener actualizada toda regulación referente de organización interna y funcionamiento del establecimiento penal que se encuentra dentro de su zona de licitación. La oficina de Defensa Penitenciaria debe mantener un archivo que contenga dichos documentos.

b) Informe  y entrevista  de cierre. El defensor penitenciario deberá entregar al usuario, un informe escrito de cierre relativo al requerimiento específico formulado por el condenado. Este informe deberá entregarse en la entrevista de cierre, la que se practicará al término de la tramitación completa del requerimiento y una vez realizadas todas las gestiones, o bien, luego que el defensor ha determinado que no se cumplen los requisitos legales para su procedencia.

En el primero de los casos, la entrevista y la entrega del respectivo informe, deberán materializarse dentro del plazo de 15 días desde la última gestión que cierra el requerimiento.

El informe escrito debe explicar de manera clara y comprensible, el resultado definitivo de la tramitación completa del requerimiento. Copia del informe se entregara al condenado, el cual debe firmarlo, expresándose la fecha en que se hace entrega.

En todos los requerimientos en que no concurran los requisitos legales para efectuar la respectiva petición, se le informará personalmente y por escrito al condenado de las razones por las cuales no es procedente la tramitación o se le indicara qué requisitos debe cumplir para una futura solicitud. Este informe debe entregarse, a más tardar, dentro de los 15 días siguientes al término de los 45 días de plazo impuestos a contar del ingreso del requerimiento. Es decir, una vez vencido el período "en estudio" del requerimiento.

Asimismo, en aquellos casos en que la solicitud efectuada diga relación con materias que no son de competencia de la Defensoría Penal Pública, se informará personalmente y por escrito al requirente, las razones que impiden a la Defensoría asumir su requerimiento, indicándole a qué servicio debe dirigirse para la tramitación  de  dicha  solicitud.  En  caso  que  corresponda,  se  derivará  a  la institución respectiva por escrito.

Sin defensa no hay Justicia

En estos casos, el plazo para efectuar la entrevista de cierre y la entrega del informe, se contará desde el cumplimiento del plazo de 45 días desde la presentación.

En aquellos casos en que no sea posible realizar la entrevista de cierre, sea por fallecimiento del condenado, porque ya no se encuentra en el recinto penal u otro similar, se dejará constancia del motivo que la hace imposible mediante el instrumento pertinente; por ejemplo, certificado emitido por Gendarmería de que el usuario ha quedado en libertad, certificado de defunción, oficio de traslado, etc.

e) Impugnación.  En caso que exista un resultado adverso al requerimiento del condenado, se debe distinguir según el tipo de autoridad que resuelve.

En caso de requerimiento lo resuelva una autoridad administrativa, y teniendo presente que frente a una respuesta negativa se puede impugnar administrativa o judicialmente, el defensor analizará y tomará la decisión técnica, debiendo contar con la voluntad del usuario, dejando constancia de ella. En caso de falta de respuesta de la autoridad, y sin perjuicio de lo regulado por la Ley No 19.880 y/o No 20.285, se considerara siempre negativa.

En  el  evento  que  el  resultado  de  la  gestión  judicial  sea  desfavorable a  los intereses del condenado, el defensor deberá impugnar la resolución judicial, salvo voluntad en contrario del condenado. Para estos efectos el defensor deberá visitarlo a la brevedad, de cuya entrevista se levantara constancia a través del acta de desistimiento o renuncia de recursos.

d) Formas de término del requerimiento. Los requerimientos pueden terminar por "tramitación" o por alguna forma extraordinaria. El término por tramitación implica que se han realizado las gestiones y se ha obtenido el objetivo del requerimiento,· o bien, se han realizado todas las gestiones administrativas y/o judiciales posibles al efecto, sin obtener total o parcialmente el resultado esperado.

Es decir, si el defensor para el logro de un requerimiento, ha escogido plantearlo vía administrativa, el rechazo de dicha gestión no implica el término del requerimiento sino que éste sólo se verifica una vez que se han ejercido todos los medios de impugnación posibles, sean estos administrativos o judiciales.

Es labor del defensor elegir la mejor estrategia en cada caso, sea esta administrativa y/o judicial, teniendo en cuenta siempre la voluntad e intereses del usuario.

Una vez que se ha obtenido el objetivo perseguido o se han verificado todas las gestiones administrativas o judiciales posibles, el requerimiento se encuentra "tramitado", y para darlo por terminado el defensor penitenciario debe, previamente, entregar información jurídica al condenado.

Las formas de término extraordinarias pueden ser: i) desistimiento del condenado;

ii) cumplimiento de la condena; iii) muerte del condenado; iv) fuga del condenado.

Para el caso en que el condenado, cuyo requerimiento se encuentra en trámite, sea trasladado a un recinto penal fuera del área de licitación del defensor, dicho requerimiento deberá ser traspasado al defensor penitenciario de la zona de licitación que corresponde. Para ello, la decisión de traspaso, deberá ser comunicada -vía correo electrónico- por el Coordinador Regional Penitenciario del lugar donde se encontraba recluido el usuario, al Coordinador del lugar donde fue trasladado. Este último señalará el defensor a quien se asignará la causa, materializando el traspaso la Defensoría Regional desde donde fue trasladado el condenado.

Dentro de los tres días siguientes a la designación del defensor Penitenciario que se hará cargo del requerimiento, el Coordinador Regional del lugar de origen, remitirá todos los antecedentes al Coordinador Regional que se hace cargo del requerimiento.

e) Delegación interregional de gestiones de defensa penitenciaria.

Conforme a las bases generales de defensa penitenciaria, la región responsable del requerimiento es aquella en que se encuentra emplazado el establecimiento penitenciario en el cual se encuentra cumpliendo condena el respectivo usuario, independiente de que la sentencia que se cumpla o provenga de un tribunal de otra región.

En el caso de derivaciones de gestiones y/o actuaciones de defensa penitenciaria interregionales, será necesario que la respectiva solicitud sea tramitada de la siguiente forma:

1.   La solicitud o presentación al tribunal es elaborada y presentada electrónica

o  digitalmente2   por  el  defensor  penitenciario responsable,  la  que  debe contar con la aprobación del Coordinador Penitenciario Regional.

2.   La solicitud debe indicar como forma de notificación, no sólo el mail del defensor responsable sino también el del Coordinador Regional del lugar en que se llevará a cabo la gestión.

3.   El  coordinador   regional  que   autorizó   la  solicitud  debe   informar  al Coordinador Regional del lugar en que se lleva a cabo la gestión, con indicación clara y precisa de la gestión que deba realizarse, dentro del tercer día siguiente a la presentación de la gestión, acompañando todos los antecedentes necesarios para su oportuna y adecuada realización.

4.   En caso que la gestión encomendada involucre la realización de audiencias, el tiempo de remisión de los antecedentes no puede ser superior a 24 horas después de presentada la solicitud.

s.  Los  antecedentes remitidos deben  incluir  una  minuta  explicativa de  la petición y fundamentos de la misma, además de los antecedentes que le sirven de sustento. Debe entenderse que la minuta no puede reducirse al escrito de solicitud de la audiencia respectiva, sino que debe contener información adicional referida a las particularidades del caso, doctrina y jurisprudencia si fuese necesario.

6.  Recibida una solicitud de delegación, el Coordinador Regional respectivo asignará la actuación o comparecencia a un defensor penitenciario determinado, quien se hará responsable de asistir a la audiencia y comunicar el resultado.

7.  El reporte de la gestión o del resultado de la audiencia delegada se comunicará por el defensor dentro de las 24 horas siguientes a su realización, remitiendo acta de audiencia respectiva si correspondiera y demás  antecedentes  del  caso,  máxime  en  aquellos  casos  en  que  lo resuelto puede ser objeto de algún tipo de recurso judicial. Esta información

2  Para el caso de que el sistema de tramitación digital aprobado por la Ley 20.886, la presentación de los escritos se realiza a través del SIGDP, o a través del portal del poder judicial si no es posible a través del

debe  remitirse  al  Coordinador  Regional  y al  defensor  que  encargó  la gestión.

8.   El defensor delegante es responsable del seguimiento de la gestión y del aviso oportuno de las notificaciones al defensor delegado, e informando a los coordinadores regionales involucrados.

9.   El responsable de ingresar la gestión al SIGDP es el defensor que solicitó la realización de la gestión, conforme a la información reportada. Igualmente, será su responsabilidad la interposición de recursos si procediere.

Derivación de gestiones penitenciarias a otras regiones.

Región 1                                                                   Región 2

1. Elabora solicitud, reúne antecedentes  y presenta el escrito.

2. Recibe información y

registra SIGDP

1. Aprueba solicitud

2. Deriva antecedentes a

Coordinador 2

Designa

Defensor 2

\ r1. Realiza-gestión o-

audiencia.

2. Informa resultado

2. Requerimientos penitenciarios 3

3 La descripción de las actuaciones mínimas en cada requerimiento, se encuentra señalada mediante un flujo supuesto e ideal. Sin embargo, la tarea de los defensores no necesariamente sigue el orden descrito, pudiendo participar de  ellos en cualquier etapa, dependiendo del  requerimiento y la estrategia escogida. Así por

Sin defensa no hoy Justicio

2.1. Visitas

Las acciones que pueden emprender el defensor penitenciario en este ámbito se pueden distinguir según el tipo de requerimiento

a) Impedimento, restricción o suspensión de visitas ordinarias.-

1. Si el requerimiento nace de la comunicación directa del imputado condenado o es ratificada por éste en los demás casos, el defensor penitenciario deberá consultar a la autoridad de Gendarmería que corresponda sobre el fundamento de la decisión. Esta gestión, corresponde a la etapa de "estudio" y/o análisis del requerimiento.

2. Si la autoridad informa que no existe ninguna clase de impedimentos o restricciones,  se  comunicará  ello  al  condenado  mediante  informe  escrito  de término del caso, dentro de 24 horas. Asimismo, para el caso que exista familiares o cercanos que desean visitar al requirente, se procurará comunicarles también, de cualquier manera, esta información.

3. Si la Administración Penitenciaria señala que existe efectivamente un impedimento, restricción o suspensión de visitas al requirente, deberá solicitar copia de la resolución que así lo dispuso y sus antecedentes.

4. El defensor penitenciario examinará si el impedimento, la restricción o la suspensión de visitas se ajusta a la normativa vigente, particularmente a los casos y motivos previsto por el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y de más normas pertinentes.

5. Si el impedimento, restricción o suspensión de las visitas no cumple con las exigencias previstas en el numeral anterior, o no se obtuvo respuesta de la autoridad dentro de los plazos legales, se representará formalmente el hecho a la Administración  Penitenciaria  para  que  modifique  su  decisión,  dentro  de  los términos  de  tramitación  de  los  requerimientos,  previstos  en  las  Bases  de Licitación.

6. Si la Administración Penitenciaria no modifica su decisión o no adopta decisión dentro de plazo breve, el defensor penitenciario accionará judicialmente a la brevedad.

7. Si en algunas de las etapas de la gestión en trámite el defensor penitenciario obtiene el cese del impedimento o de las restricciones, consultará al requirente sobre la forma como ello ha ocurrido.

b) Solicitud de visitas ordinarias, extraordinarias y especiales.-

1.  Una vez recibido  el  requerimiento el defensor penitenciario deberá  contar, según corresponda con los siguientes antecedentes:

ejemplo, en el caso de los permisos de salida puede ocurrir que el requerimiento, por parte del recluso, surja al momento de notificarse de un rechazo de la petición, o en el caso de la impugnación de la sanción al momento de ser notificado de la notificación de la conducta, etc.

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a) Ficha Única de Condenado, con mención de las calificaciones bimestrales de conducta, a lo menos de los tres últimos bimestres.

b) Antecedentes documentales que sirvan para fundar la solicitud de visita extraordinaria o especial, tales como estado de salud de uno o más de los parientes del requirente, su edad, certificaciones de actividad laboral, estudiantil, de tratamiento médico o análoga que den cuenta del impedimento del familiar para asistir a las visitas ordinarias. También certificados de nacimiento de hijos, hermanos o nietos menores de catorce años. Cualquier otro documento que, atendido el fundamento de la solicitud, resulte pertinente.

2. El defensor penitenciario deberá presentar inmediatamente la petición a  la

Administración Penitenciaria, apenas cuente con los antecedentes fundantes.

3. En caso que la administración no acoja la solicitud, el defensor deberá evaluar la posibilidad de impugnar esta decisión administrativa o judicialmente. Si resuelve no impugnar deberá informar al condenado el motivo de ello por escrito, dejando constancia de la aceptación del afectado con su firma. Si decide impugnar, deberá hacerlo dentro los plazos legales.

4. Resuelta la solicitud por la Administración Penitenciaria, o agotadas todas las vías de impugnación, el defensor deberá informar de ello al requirente, sea que ésta sea acogida o rechazada, haciendo entrega de un informe final según las reglas indicadas precedentemente.

2.2. Participación en acciones resocializadoras.

1. Una vez recibido un requerimiento para que el condenado participe en acciones resocializadoras de manera genérica o específica, se realizarán las gestiones tendientes a reunir los siguientes antecedentes documentales:

i) Ficha Única de Condenado, con mención de las calificaciones bimestrales de conducta, a lo menos durante los últimos tres bimestres.

ii) Antecedentes documentales que sirvan para fundar la solicitud, esto es, cualquier otro documento que atendido el fundamento de la solicitud, resulte pertinente, tales como certificados de estudio o actividad laboral desarrollada por el requirente antes de ingresar al recinto penal.

2. Con los antecedentes obtenidos, el defensor penitenciario deberá formular la solicitud a la Administración Penitenciaria.

3. Si la Administración Penitenciaria rechaza la solicitud, el defensor penitenciario examinará los fundamentos de la resolución, particularmente si se ajusta a la realidad o presupuestos fácticos, y evaluará la posibilidad de impugnar esta resolución por la vía más adecuada, y según las reglas generales.

4. Si se acoge el requerimiento, el defensor penitenciario realizará seguimiento para verificar si se ha aplicado, ejecutado o cumplido la decisión de la autoridad que fue solicitada. Lo anterior se verificará dentro del plazo para realizar la entrevista de cierre. Si no se ha ejecutado, el defensor o defensora deberá realizar las gestiones necesarias para su cumplimiento o iniciar un nuevo requerimiento, de inmediato.

2.3. Solicitud de atención médica.

1. Una vez recibido un requerimiento de atención de salud que formule el condenado o alguno de sus familiares o amigos que dé cuenta que aquél padece de enfermedad física o mental que no ha sido objeto de tratamiento o bien que este tratamiento es insuficiente, incompleto o inadecuado se deberán solicitar todos los antecedentes documentales que sirvan para fundar la solicitud tales como:  certificados  médicos,  constancia  de  horas  de  atención,  radiografías, informes de laboratorio, etc., incluyendo la ficha médica, para lo cual se requerirá acreditar el patrocinio otorgado por el condenado por cualquier medio legal.

2. En casos urgentes, no se esperará la primera entrevista con el condenado para solicitar los documentos señalados.

3. Con los antecedentes que se obtengan, el defensor penitenciario formulará la solicitud a la Administración Penitenciaria o judicial según se estime más efectivo.

2.4. Traslados (de unidad o módulo). Traslado Pasivo.

Consiste en el traslado dispuesto por Gendarmería en contra de la voluntad del condenado. Debe tenerse en cuenta, lo previsto para los episodios críticos.

En estos casos, si existe un requerimiento pendiente deberá ser traspasado. Traslado  Activo

Es aquel solicitado por el condenado.

a) Traslado como Medida de Seguridad:

1. En estos casos la primera entrevista se realizará dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la solicitud.

2. Por tratarse de una solicitud de traslado como medida de seguridad, el plazo

para presentar una gestión ante autoridad administrativa o judicial es de 3 días, a contar de la primera entrevista.

3. Dentro del término anterior el defensor, con el apoyo de su equipo penitenciario,

se harán las gestiones necesarias para obtener los antecedentes que resulten pertinentes para la resolución de la solicitud por parte de la autoridad.

4. Si el defensor no considera grave la situación, o procedente el traslado, lo comunicará al Coordinador Regional a fin de evaluar la situación. El mismo procedimiento se seguirá, en caso de requerirse mayores antecedentes para realizar la presentación.

b) Traslado por arraigo familiar  o por factores  de reinserción social:

1. Una vez recibido la solicitud de traslado, el defensor penitenciario deberá entrevistarse con el condenado con el objeto de que sea ratificado y, a su vez, se pueda recabar la información necesaria para concretar la gestión encomendada.

2.  El  defensor  penitenciario  deberá  solicitar  Ficha  única  de  Condenado  y

Certificado histórico de Conducta, cuando sea pertinente.

3. El defensor penitenciario deberá derivar el caso al área social del equipo para que se entreviste con la familia del privado de libertad y recabe la documentación necesaria para acreditar arraigo familiar.

4. Una vez recabada la información de arraigo familiar del recluso, el defensor penitenciario deberá realizar la solicitud de traslado, sea por vía administrativa o judicial.

5. En caso de que el Tribunal competente para solicitar el traslado se encuentre en una región distinta de aquella en qué se encuentra el condenado, se hará la derivación de la gestión de acuerdo a las reglas generales.

6. En caso que los antecedentes deban recabarse en un lugar distinto de donde se formuló el requerimiento, se solicitará apoyo a la UAGD de esa región o al equipo penitenciario, según proceda.

2.5. Solicitud de traslado internacional.

1. Una vez que se ha determinado que concurren los requisitos legales para la procedencia de la solicitud de Traslado Internacional, especialmente la nacionalidad del condenado y que la sentencia se encuentre ejecutoriada, se realizará la presentación ante Gendarmería de Chile, concretamente, ante el establecimiento en que cumple la pena el extranjero o directamente ante el Ministerio de Justicia. Se debe tener presente que no existe un plazo para deducir la petición, sólo se debe considerar que el saldo de condena no sea inferior a seis meses.

2. Posterior a su presentación se informará a la Unidad de Defensas Penales Especializadas de la Defensoría Nacional a objeto del seguimiento del requerimiento ante el Ministerio de Justica.

2.6. Impugnación de traslado.

1. Si el requerimiento nace de la comunicación directa del recluso o es ratificada por éste en los demás casos, el defensor penitenciario recabará a la brevedad posible la información sobre los hechos que motivan el requerimiento y solicitará copia de la resolución que dispuso el traslado y sus antecedentes.

2. Si el traslado vulnera los derechos del condenado o no cumple con las exigencias previstas en la normativa vigente, se representará formalmente el hecho a la Administración Penitenciaria para que modifique su decisión en un breve plazo.

2.7. Permisos de salida.

1. Iniciado un requerimiento, el defensor penitenciario deberá verificar que el usuario cumpla con los requisitos objetivos que lo habilitan para ello, tales como tiempo mínimo de cumplimiento de la condena, habilitante para el permiso de salida; contar con tres bimestres de conducta muy buena; ausencia de sanciones disciplinarias graves en los años previos; y haber participado en actividades y acciones de reinserción social propuestas por la administración penitenciaria.

2. Al efecto, el defensor penitenciario deberá realizar las gestiones necesarias para obtener los siguientes antecedentes:

a) Ficha Única de Condenado, con mención de las calificaciones bimestrales de conducta, durante el tiempo de cumplimiento de la condena.

b) Antecedentes documentales que sirvan para acreditar la utilidad, desde la perspectiva de la reinserción social del permiso de salida solicitado; a modo de

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ejemplo,  cursos  o  actividades  desarrollados  durante  el  cumplimiento  de  la condena, familiares que le otorgarán acogida al hacer uso de su permiso de salida y certificados de sus domicilios o residencias, actividad laboral, estudiantil o académica en que participará el usuario si accede al permiso, etc.

3. Resuelta la solicitud por el Consejo Técnico y el alcaide o jefe del establecimiento, informará de ello al requirente, y deberá registrarlo sea que ésta sea acogida o rechazada.

4. En el evento que no se entregue respuesta de lo resuelto respecto de su solicitud o se retarde la entrega de la respuesta, el defensor penitenciario solicitará formalmente dicha respuesta.

5. Si no se entregase respuesta de la solicitud dentro del plazo previsto por el artículo 24 de la Ley No 19.880 sobre procedimientos administrativos, o se rechaza la solicitud derechamente, el defensor penitenciario evaluará la factibilidad de ejercitar acciones administrativas o judiciales al efecto.

6. Tratándose de permisos de salida esporádicos, como por ejemplo fallecimiento de familiar, enfermedad grave, el defensor penitenciario procederá a la mayor brevedad posible, de modo que la gestión del defensor sea eficaz y permita efectivamente cumplir el objetivo de la petición, haciendo entrega de la solicitud al alcaide o jefe del establecimiento. En caso de rechazo, deberán agotarse todas las instancias de impugnación posibles.